Retos del Estado Peruano frente a la trata de personas
Desde un enfoque de género y derechos humanos
Liz Meléndez, CMP Flora Tristán y Carmen Barrantes, Terre des Hommes Suisse
La trata de personas, sobre todo interna, es uno de los grandes problemas del país. Este crimen, afecta fundamentalmente a las mujeres jóvenes y niñas, exponiéndolas a vejaciones, violencia y todo tipo de atentados contra su vida y salud.
Si bien es cierto que se han venido realizando avances, particularmente en el ámbito legislativo y de políticas, es fundamental remirar las estrategias que se han tomado, potenciar las buenas prácticas y acercarse al problema comprendiendo sus diferentes aristas en un contexto signado por cuatro elementos adversos:
1. La desigualdad o la exclusión
2. La violencia en contra las mujeres
3. La corrupción
4. La informalidad
La trata se origina y expande en este contexto.
La sociedad civil, y especialmente las organizaciones que trabajan por los derechos humanos y de las mujeres son actores fundamentales para emprender este camino, no solo por su especialidad, sino a la vez, por su experiencia en el campo de la defensa de los derechos de las mujeres y niñas.
I. Retomando los enfoques
En el 2005 se publicó el primer "Diagnóstico sobre trata de mujeres, niñas y niños en ocho regiones del país". Estudio elaborado por el CMP Flora Tristán, el cual graficó las rutas, los modus operandi y las modalidades de trata en nuestro país.
Más de 10 años después, la investigación Entre el cielo y el infierno de Terre des Hommes Suisse comprueba que los hallazgos de este primer diagnóstico aún están vigentes, y preocupa que a pesar de las acciones tomadas a nivel del Estado y de la sociedad civil, la trata sea aún un problema de grandes magnitudes en el Perú.
Se reconoce la existencia de normas y esfuerzos, pero también es necesario señalar que urge afianzarlos y remirar los enfoques que se plasman en las intervenciones para garantizar los derechos humanos de las víctimas.
La trata de mujeres y niñas es también un problema de violencia contra las mujeres; sin embargo, los esfuerzos que se hacen en este último campo parecen dejar de lado las distintas modalidades y dimensiones de la trata de personas.
Las víctimas de trata con fines de explotación sexual –son en su mayoría niñas y mujeres jóvenes- lamentablemente en muchos casos el personal de servicio (particularmente de los Centros de Atención Residencial en los que se interna a las víctimas adolescentes) y la comunidad – muchas veces- trasladan la responsabilidad de los hechos a las víctimas, afianzándose su estigmatización , sanción social y, por lo tanto, la vulneración de sus derechos.
Es decir, es necesario volver a abordar la trata en el marco de las políticas de género y de violencia contra las mujeres, incluyendo su atención y prevención en el marco de la implementación del Plan Nacional contra la violencia de género 2016-2021, dotando así al Ministerio de la Mujer (MIMP) de mayores competencias para abordar esta problemática, articulando dichos esfuerzos con la sociedad civil.
Los enfoques priorizados deben ser Derechos Humanos, Género y violencia contra las mujeres, Igualdad, Interculturalidad y Diversidad Sexual.
II. Inversión y eficiencia en la gestión pública
Uno de los retos más inmediatos es la construcción del próximo Plan Nacional de Lucha contra la trata de personas -que debería considerar los enfoques mencionados- es dotar de mayores competencias al MIMP, así como costearlo.
De otro lado, es fundamental evaluar la política y gestión pública relacionada a la trata de personas a la luz de los Principios y Directrices recomendados por ACNUDH sobre derechos humanos y trata de personas, y de la inversión gubernamental en la lucha contra este crimen:
• Falta de recursos logísticos y económicos
Si bien en el año 2015, los recursos se incrementaron casi en 500% respecto al 2014. De 1'600,000.00 a 14'163,523.00, lamentablemente en 2016 se inició el camino inverso, reduciéndose el presupuesto a menos de la mitad: 6'485,049.50 y para 2017 no solo no se superaría el monto de 2016, sino que este seguiría reduciéndose significativamente a 50% del año 2016.
El problema central que se observa a nivel de la gestión en todas las líneas de acción del Plan Nacional (persecución, prevención, atención, protección y reinserción) es el impacto decisivo que tiene la limitada asignación de recursos económicos en la aplicación de la política pública de lucha contra la trata de personas, expresada en leyes, resoluciones ministeriales, protocolos e instructivos, pero inoperante por falta de recursos y temas de gestión administrativa.
Por ejemplo:
a) A nivel de persecución no se podrá avanzar en la investigación fiscal por caso por falta de capacidad operativa ( gasolina, transporte apropiado, disponibilidad de efectivos policiales, caso Cusco- Madre de Dios ).
b) A nivel de protección, no se podrá dar protección a la testigo que coopera por falta de efectos policiales (Cusco).
c) En materia de atención a las víctimas, no se les podrá llevar a las consultas médicas en los servicios públicos por insuficiencia de personal (no contar con asistenta social), no recibirá atención de salud mental especializada (Iquitos/Madre de Dios) o no disponer de alimentación suficiente (Iquitos/Cusco/Madre de Dios).
• Focalización
Es imperativo incorporar la estrategia de focalización en función de la información que se genera en los servicios relacionados con la trata de personas: Policía y Fiscalía y Centros de Atención Residencial especializados. A pesar de conocerse las rutas y las distintas funciones que cumple cada región, ciudad y distrito que se ha identificado, particularmente las Comisiones regionales son requeridas a realizar acciones que no se sustentan en el diagnóstico local, sino en consignas nacionales no ajustadas a las realidades regionales, como, por ejemplo realizar acciones de prevención en zonas que no son de captación y que más bien son de explotación, o realizar prevención en ciudades que no serían las prioritarias de acuerdo con la data generada en los servicios de denuncia de casos de trata de personas.
Dos ejemplos:
1. EL principal trabajo de la Comisión regional de lucha contra la trata de Madre de Dios durante estos últimos años ha sido realizar acciones de prevención en la ciudad de Puerto Maldonado. La inconsistencia se produce al observarse que esta ciudad NO es significativa para la captación y explotación de trata laboral o sexual, es decir que las víctimas de trata de Madre de Dios, no son principalmente originarias de esta región, provienen principalmente de otras regiones. Las ciudades en las que correspondería hacer trabajo de prevención (para prevenir la trata en Madre de Dios, serían cusqueñas, puneñas o del norte amazónico, lugares en los que se produce la captación sistemática de las víctimas de trata de personas que serán explotadas en dicha región), y en el caso de atención, las ciudades/zonas elegibles deberían ser aquellas en las que se produce la explotación, locaciones que se ubican fuera de la capital de la región, a dos o tres horas de Puerto Maldonado. Sin embargo, al compartirse la reflexión sobre la necesidad de focalizar y especializar las acciones, los agentes locales/regionales relacionados con la trata en Puerto Maldonado, explican que desde la Comisión Nacional se les exige programar acciones de prevención (¡!) y, por otro lado, señalan que no existe ni seguridad ni recursos suficientes para el desplazamiento a zonas lejanas.
2. Por otro lado, en regiones como Cusco, donde claramente existe tanto captación como explotación bajo la modalidad de trata de personas, en las zonas altoandinas hasta la intervención en 2015 de un reciente proyecto de Terre des Hommes Suisse y Terre des Hommes Holanda, se ha observado una ausencia de acciones estatales en las comunidades, ciudades y distrito que serían priorizadas si se planificase aplicando la focalización. De aplicarse la focalización se trabajaría en los distritos de Ocongate, Ccatca o Calca ubicados entre una y tres horas de la ciudad capital de la región.
3. En función de la necesidad de focalizar y especializar las actividades por región, diferenciando las acciones por distrito de ser necesario, resulta trascendente procesar de manera oportuna la información que obtiene a partir de los mismos casos (fuente fiscal, policial de preferencia), pues ella permite actualizar la modalidad de operación del delito (quién y dónde capta, qué ofrece, cómo la traslada, cómo la explota).
III. En materia de protección
Los principales retos para el próximo plan están en el campo de la protección y de la sanción a los y las criminales, en materia de protección se propone:
- Realizar un plan de emergencia para atención de las víctimas, desde un enfoque de género y en defensa del derecho de las mujeres a vivir sin violencia.
- Convocar al Ministerio de Trabajo –en el marco de un enfoque de restitución de derechos- para que organice y tome responsabilidad frente a la calificación laboral y empleo de las víctimas de trata de personas, estableciendo cuotas en ambas líneas de acción en base a criterios de focalización, considerando como mínimo: Lima, Madre de Dios, Cusco y Puno.
- Convocar al MIDIS -en el marco de un política inclusiva inclusiva- para brindar apoyo social a las familias de las víctimas, a través de los programas de compensación social, así como también de desarrollo productivo y generación de ingresos, estableciendo cuotas y focalizando la intervención, considerando como mínimo: Lima, Madre de Dios, Cusco y Puno, las regiones más afectadas.
- Para adolescentes: Adoptar un enfoque de protección que no recurra a la privación de la libertad y que garantice el respeto los derechos humanos de las víctimas, que esté centrado en las víctimas y basado en el respeto a sus derechos humanos, guiado por el interés superior del niño/a y por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en particular los Principios y Directrices Recomendados del ACNUDH sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas.
Para ello se requiere:
a. Establecer mecanismos de supervisión y revisión independiente de los Centros de atención residencial en los que son internadas las víctimas menores de edad con la intención de protegerlas.
b. Remodelar los CAR o reubicarlos en lugares más apropiados.
c. Establecer un nuevo perfil del personal (actualmente las tutoras, que son sus mentoras o referentes, solo necesitan tener quinto de secundaria y su salario alcanza 1,200 nuevos soles mensuales (rango de pago para un trabajo no especializado).
d. Establecer un listado de conductas prohibidas en el trato a las y los adolescentes tomando en cuenta en el Informe Defensoría No 150 y el Documento de Trabajo Protegidas o re victimizadas de Terre des Hommes Suisse.
e. Establecer un programa de reforzamiento o desarrollo de competencias parentales con recursos presupuestales suficientes para realizar visitas domiciliarias y acompañamiento en el lugar de residencia, que manera tal que se prepare las condiciones para el retorno de la víctima a su hogar.
IV. En materia de persecución
En materia de persecución hay avances significativos que van desde la creación de Fiscalías y policía especializada quedando como retos pendientes además de revisar aspectos logísticos que faciliten la investigación y la negociación de cooperación de testigos (como darles protección y opciones de reconstruir su vida), el tema de la sanción y reparación. Existen más personas con prisión preventiva y en proceso de investigación y juicio que antes, pero todavía no existe un avance importante en sentencias cuantitativamente y cualitativamente.
El reto está en identificar –con enfoque de género- los factores (problemas en armar la teoría del caso, aspectos probatorios) que impiden la materialización y sentencia de los casos.
Desde nuestro punto de vista se podría construir casos hipotéticos que muestren un camino teórico-práctico a seguir para lograr una sentencia que sancione el delito.
V. En materia de prevención
Tal vez uno de los aspectos más débiles en materia de trata es la prevención de este crimen. Urge remirar las estrategias (considerando los enfoques mencionados) y focalizar las acciones para su adecuado impacto.
A este nivel es fundamental trabajar en las regiones de captación de las mujeres y jóvenes, en la visibilización de los modus operandi, las rutas y formas de trata que existen.
• Trabajar con las escuelas de padres y madres de los colegios.
• Trabajar con jóvenes en la deconstrucción de masculinidades tradicionales.
• Volver la mirada sobre el “cliente” y combatir la revictimización de las mujeres en situación de trata.
• Abordar la trata como un problema de criminalidad, pero a la vez como un problema extendido de violencia contra las mujeres y niñas.
• Articular los esfuerzos con sociedad civil y elaborar estrategias de alerta comunitarias.
• Campañas comunicacionales masivas y focalizadas contra la trata para evidenciar su presencia en el Perú y para prevenirla en los periodos en los que se sabe hay mayor vulnerabilidad.
• Articular esfuerzos entre la sociedad civil y los gobiernos regionales y locales.
VI. Trata laboral
Si bien la data oficial señala que en el Perú se presenta fundamentalmente la trata con fines de explotación sexual, cierto es también que la información proviene de los servicios de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, por lo cual se alerta a no interpretarla como si fuesen datos de prevalencia. Es un dato de la realidad que en las zonas identificadas como de explotación se realizan más operativos dirigidos a la lucha contra la explotación sexual que a la explotación laboral, lo cual podría generar ciertas distorsiones en el diagnóstico. Priorizar acciones de persecución e identificación de rutas de trata laboral en zonas alto andinas y amazónicas -en donde históricamente se ha mantenido relaciones de explotación laboral, padrinazgo u modalidades equivalentes- resulta un tema pendiente en la agenda de la lucha contra la trata de personas en el Perú.
Las autoras:
Liz Meléndez es socióloga y Directora Ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flor Tristán.
Carmen Barrantes es abogada y periodista, consultora de la Coordinación Nacional de Terre des Hommes Suisse, especializada en trata de personas e integrante del Colectivo Tarpuy.
Informe realizado en enero de 2016