El Ejecutivo aprobó ayer el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, que incluye las estrategias que deberán seguir las entidades públicas para enfrentar este delito. Se han establecido cuatro objetivos estratégicos.

Dos especialistas comparten sus puntos de vista sobre este plan, que busca que, al, 2021 el 80% de las víctimas de este delito hayan sido acogidas por los servicios especializados y que el 100% de los planes de integración y reintegración de las víctimas a la sociedad hayan sido implementados por los sectores competentes.

La víctima como eje central 

Carmen Barrantes - Investigadora de Terre des Hommes Suisse

Estuve en La Pampa (Madre de Dios), una de las zonas más críticas de la trata de personas en el país, donde hice un trabajo de campo. Allí fui testigo de excepción de la revictimización a la que están expuestas las mujeres rescatadas, quienes luego son albergadas en centros de atención residencial (CAR) con serias deficiencias.

Estos espacios –que en muchos casos no tienen infraestructura adecuada, agua potable, abastecimiento de alimentos ni operadores especializados– no ofrecen una protección integral a las víctimas. Es decir, brindan una atención precaria. Cómo olvidar, por ejemplo, el caso de la jovencita que fue rescatada, pero que luego se suicidó tras estar en un albergue de Iquitos.

En ese sentido, considero que el plan presentado contra la trata tiene aportes importantes, como el sinceramiento de escenarios posibles en caso de que no se cumplan los objetivos propuestos. Sin embargo, no se han determinado los presupuestos proyectados para su ejecución.

Esto es algo que debemos mirar y exigir, porque solo con la partida necesaria se puede garantizar la eficacia del documento. Sin presupuesto no hay derecho. Del mismo modo, creo que el plan no pone tanto a la víctima como eje, sino a la persecución del delito, que es un factor determinante, pero que tampoco es el fin sino el medio.

La articulación es una prioridad 

Luis Huerta - Subdirector de CHS Alternativo

El nuevo plan nacional es un verdadero avance respecto al documento del 2016, sobre todo en las actividades que debe asumir el Estado. El plan anterior tenía metas difíciles de resolver, por no decir imposibles.

Por ejemplo, proponía la capacitación del 100% de los funcionarios del Estado en esta materia, o la implementación de un sistema de monitoreo. La nueva guía ha mejorado la definición de objetivos por desarrollar, ya que incluye acciones específicas y bastante realistas en función de las posibilidades del sector público.

Ahora, si bien este plan es un instrumento mucho más maduro, aún tiene tareas pendientes. Creo que su orientación es oportuna, pero todavía está muy centrada en la explotación sexual y laboral. No se abordan adecuadamente otras realidades, como la trata de personas para fines de mendicidad.

Otra debilidad patente es que no plantea una articulación concreta entre los sectores: hoy existe un protocolo, pero el plan demanda acciones complementarias que aún no han sido garantizadas presupuestalmente. Un caso concreto de lo que sucede hoy y debe mejorarse: la víctima es albergada en una institución supervisada por el Ministerio de la Mujer, y a la vez tiene a su disposición programas de empleabilidad del Ministerio de Trabajo; sin embargo, esto no se ha vinculado correctamente.